En un juicio iniciado en el año 2004 por Alejandro Osvaldo Cañete - uno de los tantos trabajadores embargados por bancos - como por la asociación PADEC para que se revisen judicialmente los intereses y cargos aplicados en tarjetas de crédito se logró que los integrantes de la Sala "B" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial modifique su posición sobre la procedencia de una acción colectiva. 

Con el voto de la Dra. Gómez Alonso de Díaz Cordero se abre camino la consideración particular de la "Transparencia Bancaria" como bien público comprometido en las operaciones de tarjetas de crédito donde la opacidad de la información se mantiene sobre intereses y cargos que el BBVA aplica y cobra a los usuarios a quienes logra colocarlos en situación de sobre endeudamiento.

Estas cuestiones de fondo fueron consideradas en la sentencia de Cámara que nulificó la sentencia de primera instancia dictada por la Juez María Cristina O´rreyly a quien el accionar de las entidades bancarias no conmueve para la aplicación de la ley vigente.

Esta decisión fue apelada por el BBVA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación quién dictó un fallo ordenando se dicte nuevo pronunciamiento judicial. 

Frente a esta situación quedó designado un nuevo juzgado: ahora será el Juzgado Comercial 25 donde se dicte la nueva sentencia por la cual hace 11 años PADEC viene trabajando en forma sostenida.