La denuncia de una irregularidad de un contrato masivo es siempre un ejercicio de participación democrática, ya que mediante el conocimiento público de la deficiencia o irregularidad es posible mejorar la Transparencia del Mercado y prevenir que se generen mayores daños, cuya reparación siempre repercute en el aumento de los costos públicos que la sociedad toda financia.

Razón por la cual la denuncia del problema que Ud. padece posiblemente pueda permitir encausar la solución de todos los otros consumidores o usuarios que padecen idéntico conflicto, mejorando de esa forma el control de gestión sobre los servicios públicos.

Los servicios públicos domiciliarios concesionados por el Estado, como la energía eléctrica, el gas, el suministro de agua, como también los medios de comunicación como el correo y teléfonos, son supervisados por Organismos de Control específicamente formados para controlar la gestión de los servicios delegados en las respectivas empresas privadas.

Cuando el Organismo de Control comprueba la deficiencia denunciada puede aplicar una sanción a la empresa prestadora del servicio o la fabricante del producto. La sanción más típica que se aplica es una multa que se fija en razón de la envergadura de la infracción comprobada y debe ser ingresada a Rentas Generales. Pero también existen supuestos previstos en los que la multa es imputada a la compensación de los perjuicios ocasionados al consumidor.