La inobservancia reiterada por parte de las instituciones bancarias y financieras a la ley de Defensa del Consumidor.

Gran parte de los juzgados comerciales son algo así como la última pata de los estudios de cobranza, que se disponen lisa y llanamente a ejecutar la voluntad bancaria. Sin embargo debo advertir que en la mayoría de los casos llegan al juzgado los títulos ejecutivos, y siendo éstos abstractos, no corresponde al juez indagar sobre la obligación que dio nacimiento al título. Es una característica típica de este tipo de cartulares la abstracción y como tal entiendo que se la debe respetar.

Lo que sí creo es que este tipo de pagarés que firman los consumidores ante la obtención de un préstamo de dinero debe estar perfectamente regulado por la autoridad de aplicación. Tanto el formato, como su contenido debe estar reglado para que el consumidor realmente sepa qué documento está suscribiendo y el alcance del mismo.

Es un deber de la entidad financiera brindar información adecuada y veraz y este tipo de documentos debe estar perfectamente individualizado por el deudor. Siguiendo con el deber de información que deben brindar los bancos es interesante mencionar que no se cumple en lo más mínimo, y es aquí donde reside a mi juicio el mayor flagelo de los clientes bancarios. La información de los resúmenes debe ser clara y de fácil lectura. No solo entendible por aquellos quienes son expertos en la materia. Una solución a este problema es que la autoridad de aplicación deba reglamentar al extremo estos documentos, bajo pena de considerarlos sin valor probatorio.

Mención especial merece el tratamiento de los intereses. Este es un tema de gran relevancia y corresponde analizarlo a la luz del plenario “Calle Guevara” que con acierto sentó la doctrina de que no se extiende la capitalización de intereses a aquellas relaciones o contratos que no lo establecen específicamente. Ahora bien, tanto en el análisis que hacen los camaristas en su voto minoritario, así como también en la revisión que hace la mayoría del plenario “Uzal”, omiten referirse que a mi entender no es menor.

La normativa del Código de Comercio se aplica a aquellas relaciones en las cuales una de las partes es comerciante, es decir, cuando se está en presencia de por lo menos una persona física o jurídica que realice actos de comercio con regularidad. Tal es el caso de la actividad bancaria. Por otro lado, en derecho existe un principio jurídico, heredado de los romanos, el cual establece que una ley especial deroga una ley general.

Analizando estos dos extremos se puede concluir que además de la aplicación de la ley 24.240, cuando una persona no comerciante contrata con una entidad financiera a título oneroso para consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar, un contrato de mutuo o préstamo, no corresponde la aplicación del artículo 565 del Código de Comercio por mandato del mismo Código.

Es decir, no corresponde aplicar el artículo 565 del Código de Comercio, ya que el artículo 558 del mismo cuerpo legal reza: “El mutuo o préstamo está sujeto a las leyes mercantiles, cuando la cosa prestada puede ser considerada género comercial, o destinada a uso comercial, y tiene lugar entre comerciantes, o teniendo por lo menos el deudor esa calidad”.

Ese artículo señala que si el deudor del dinero no es un comerciante, no se aplicará lo dispuesto en el Título VII del Código de Comercio, que trata del préstamo y de los réditos o intereses. Con lo cual cabe concluir que corresponde aplicar los artículos 622 y 623 del Código Civil en cuanto que se trata de obligaciones de dar sumas de dinero. Este artículo obliga al deudor al pago de los intereses convenidos, y si no hay intereses convenidos o éstos no fuesen fijados por la legislación especial, se faculta al juez a aplicar la tasa de interés.

En el caso de una persona no comerciante que adquiere un crédito con una entidad financiera, siguiendo los criterios analizados, cabría suponer que se aplican los artículos 622 y 623. Es decir, que por más que los intereses sean convenidos, no se podrá cobrar intereses sobre los intereses, pero se deberán pagar los convenidos.

Ahora bien, el artículo 622 habla de intereses convenidos, y debe entenderse por convenidos aquellos que las partes han estipulado haciendo uso de la voluntad contractual que poseen. Ello en realidad no sucede cuando se suscriben contratos masivos en donde el consumidor no tiene ni la más mínima posibilidad de convenir con el banco ni siquiera una cláusula contractual, y menos aún la que establece los intereses.

Los intereses no son pactados libremente. No son convenidos, son impuestos por una de las partes (el banco). El consumidor (débil jurídico) no tiene la facultad de intervenir en su determinación, con lo cual se trata de un contrato masivo alcanzado por la ley 24.240, motivo por el cual serán nulas las cláusulas leoninas y ante cualquier estipulación dudosa siempre se estará a favor del débil jurídico, es decir el consumidor.

Entonces el juez al momento de determinar los intereses debe tener presente que no se analizarán las variantes a la luz del Código de Comercio, sino que aplicará intereses teniendo en máxima consideración la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Lucas A. Sánchez